Shari Franke apoya el proyecto de ley 322 para proteger a los niños que escriben blogs en Utah: no hay miedo a los mandatos

Shari Franke apoya el proyecto de ley 322 para proteger a los niños que escriben blogs en Utah: no hay miedo a los mandatos

En una medida importante para proteger a los niños vlogueros, Utah presentó la ley HB 322, impulsada en gran medida por la defensa de Shari Franke.

Shari Franke, autora de *The House of My Mother: A Daughter’s Quest for Freedom*, se ha convertido en una firme oponente de la explotación dentro de la esfera de los vlogs familiares. Este cambio en su enfoque se produce tras el arresto de alto perfil de su madre, Ruby Franke, acusada de abuso infantil agravado. Ruby era el rostro del canal familiar ampliamente seguido, 8 Passengers, donde narraba la vida diaria con sus seis hijos. Shari ha compartido con valentía sus propias experiencias de ser parte de este entorno de vlogs, enfatizando cómo fue coaccionada para aparecer frente a la cámara, carecía de la capacidad para dar un verdadero consentimiento y soportó violaciones de su privacidad. Sus memorias arrojan más luz sobre el trauma emocional que ella y sus hermanos enfrentaron mientras mantenían una fachada de familia feliz frente a la cámara.

Decidida a poner fin a la explotación de los vloggers infantiles, Shari se propone reformar la práctica en lugar de eliminarla por completo, reconociendo las complejidades que implica. Su prioridad actual es establecer regulaciones que protejan a estos niños, allanando el camino hacia una solución más sostenible. Como resultado de sus dedicados esfuerzos, se ha propuesto una legislación en Utah para proteger mejor a los jóvenes participantes de los vlogs familiares.

Shari Franke alienta el apoyo a la HB322

Recientemente, Shari Franke desempeñó un papel fundamental en la redacción de la ley HB 322 de Utah, que fue presentada por el representante Doug Owens el 27 de enero. Si se promulga, esta legislación brindará protecciones esenciales para los menores que aparecen en vlogs familiares, como garantizar que reciban una compensación adecuada por su participación y tengan control sobre sus personajes en línea. El proyecto de ley exige que un padre o tutor debe crear un fideicomiso para cualquier menor que participe en la creación de contenido, además de formular una guía para dictar un porcentaje de las ganancias que debe asignarse al fideicomiso del niño. Cabe destacar que la legislación también faculta a los menores a solicitar la eliminación de contenido que los presente una vez que alcancen la edad adulta.

En Instagram, Franke explicó la importancia de este derecho de eliminación, afirmando que permitiría a los niños influencers tener sus imágenes eliminadas de las plataformas de redes sociales al alcanzar la edad de 18 años.

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La legislación propuesta representa un primer paso crucial hacia la regulación del panorama a menudo controvertido de los vlogs familiares. Afirmar que los participantes menores de edad deben recibir un pago similar al de los actores infantiles pone de relieve la necesidad de que existan normas éticas en el sector. Además, conceder a los niños el derecho a borrar su legado digital cuando alcancen una edad adecuada aborda un problema importante en el ámbito de los vlogs infantiles: el consentimiento real es complejo para los menores, que, no obstante, son filmados independientemente de su consentimiento expreso. Este proyecto de ley pretende devolver parte del poder a estos niños, contrarrestando la dinámica existente que normalmente favorece a los padres.

A pesar de los posibles beneficios del proyecto de ley, Shari reveló que varios vloggers y grupos de presión en Utah están haciendo esfuerzos activos para bloquear su aprobación. A la luz de la mayor conciencia pública tras el arresto de Ruby Franke, muchos vloggers familiares ahora se describen a sí mismos como «éticos» y afirman que ya compensan a sus hijos. Shari sostiene que si estas afirmaciones son ciertas, no debería haber aprensión sobre el reconocimiento formal de la necesidad de proteger económicamente a los niños que participan en la creación de contenido. Además, si el consentimiento es realmente voluntario, el derecho a la eliminación no debería suscitar preocupaciones. La controversia en torno a este proyecto de ley es desalentadora, ya que aborda fundamentalmente la necesidad de compensar a los vloggers infantiles por sus contribuciones y respetar su autonomía con respecto al intercambio de contenido personal a medida que crecen.

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