
El futuro de la Ley CHIPS de EE. UU.parece incierto, ya que acontecimientos recientes sugieren que su apoyo podría flaquear bajo la actual administración. Se ha suscitado la preocupación de que figuras clave en su elaboración hayan renunciado o sido destituidas, lo que ha generado especulaciones sobre su viabilidad.
Trump critica la Ley CHIPS y pide su reevaluación
Promulgada originalmente durante la administración Biden, la Ley CHIPS se diseñó para reposicionar a Estados Unidos como líder en la fabricación de semiconductores. La iniciativa buscaba revitalizar la producción nacional de chips, atrayendo a importantes empresas como TSMC e Intel a establecer nuevas plantas de fabricación en Estados Unidos. Sin embargo, el expresidente Donald Trump ha expresado su escepticismo sobre la efectividad de la legislación, sugiriendo que las empresas han recibido «dinero de Biden» sin generar beneficios significativos para la economía. Un informe de Chosun indica que la Ley CHIPS podría ser inminente.
Según medios de comunicación coreanos, la Oficina del Programa de Chips (CPO) del Departamento de Comercio ha sufrido importantes reducciones de personal, con más de 120 empleados, de los 15 que ocupaban puestos directivos, despedidos o renunciando. Este cambio plantea dudas sobre la eficacia y el compromiso futuros del programa.

Para profundizar, la Ley CHIPS abarca un sólido paquete de incentivos por un total de 280 000 millones de dólares, que incluye 52 000 millones de dólares destinados a inversiones federales e incentivos fiscales para fomentar la investigación, el diseño y la fabricación de semiconductores en el país. Entre los principales beneficiarios de esta financiación se encuentran empresas como Intel y TSMC, que han asumido importantes compromisos con la producción en Estados Unidos. Además, Samsung ha anunciado planes para establecer una planta en Texas, lo que amplía aún más el impacto de la Ley en la industria.
Los continuos despidos en la CPO se atribuyen a los esfuerzos de reestructuración liderados por la división DOGE de Elon Musk, cuyo objetivo es reevaluar las prioridades del gasto federal. Si bien el destino final de la Ley CHIPS sigue siendo incierto, los comentarios de Trump sugieren una posible reducción de los subsidios o incluso la cancelación total del programa. Las partes interesadas de la industria de los semiconductores seguirán de cerca la evolución de los acontecimientos.
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